Notificaciones Administrativas (artículos 68, 69 y 73)

Acto Administrativo- Resolución 3708MED del 31/01/2017 “Por el cual el Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo –GTER Medellín, adscrito al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/2005. MOD. Ley 1592/2012 y REGL. DEC 3011/2013 y DEC 1066/2015 (Parte 4- Título 1, Capítulo 1) del Ministerio del Interior, resuelve NO VINCULAR al radio de acción de este medio protector a la señora ANA MARÍA RODRÍGUEZ ORREGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.215.311 de Briceño-Ant., en razón a que no otorgo su consentimiento para ser valorada, voluntad que como refiere el artículo 4.1.1.3[1] del Decreto 1066 de 2015, se requiere para establecer a través de un estudio técnico su nivel del riesgo, mismo que a su vez deberá ser analizado a la luz de lo señalado en los artículos 2.4.1.1.1^[2] y 2.4.1.1.2^[3] Ibídem para determinar la injerencia de este sistema protector”.[1] Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:(…) Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y proyectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.[2] Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.[3] Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de qué trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Acto Administrativo- Resolución 3181MED del 29/12/2016 “Por el cual el Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo –GTER Medellín, adscrito al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/2005. MOD. Ley 1592/2012 y REGL. DEC 3011/2013 y DEC 1066/2015 (Parte 4- Título 1, Capítulo 1) del Ministerio del Interior, resuelve NO VINCULAR al radio de acción de este medio protector a la señora MARTA CECILIA MONTOYA PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.920.381, en razón a que no fue posible ubicarla, motivo por el cual no contó con su consentimiento para ser valorada, voluntad que como refiere el artículo 4.1.1.3[1] del Decreto 1066 de 2015, se requiere para establecer a través de un estudio técnico su nivel del riesgo, mismo que a su vez deberá ser analizado a la luz de lo señalado en los artículos 2.4.1.1.1^[2] y 2.4.1.1.2^[3] Ibídem para determinar la injerencia de este sistema protector”.[1] Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:(…) Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y proyectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.[2] Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.[3] Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de qué trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Acto Administrativo- Resolución 3173MED del 29/12/2016 “Por el cual el Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo –GTER Medellín, adscrito al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/2005. MOD. Ley 1592/2012 y REGL. DEC 3011/2013 y DEC 1066/2015 (Parte 4- Título 1, Capítulo 1) del Ministerio del Interior, resuelve NO VINCULAR al radio de acción de este medio protector a la señora SHIRLEY ASTRID ARANGO GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.109.406, en razón a que no fue posible ubicarla, motivo por el cual no contó con su consentimiento para ser valorada, voluntad que como refiere el artículo 4.1.1.3[1] del Decreto 1066 de 2015, se requiere para establecer a través de un estudio técnico su nivel del riesgo, mismo que a su vez deberá ser analizado a la luz de lo señalado en los artículos 2.4.1.1.1^[2] y 2.4.1.1.2^[3] Ibídem para determinar la injerencia de este sistema protector”.[1] Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:(…) Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y proyectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.[2] Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.[3] Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de qué trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Acto Administrativo- Resolución 3069MED del 14/07/2017 “Por el cual el Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo –GTER Medellín, adscrito al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/2005. MOD. Ley 1592/2012 y REGL. DEC 3011/2013 y DEC 1066/2015 (Parte 4- Título 1, Capítulo 1) del Ministerio del Interior, resuelve NO VINCULAR al radio de acción de este medio protector a la señora MARÍA DIOSELINA PULGARÍN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.118.936, en razón a que no fue posible ubicarla, motivo por el cual no contó con su consentimiento para ser valorada, voluntad que como refiere el artículo 4.1.1.3[1] del Decreto 1066 de 2015, se requiere para establecer a través de un estudio técnico su nivel del riesgo, mismo que a su vez deberá ser analizado a la luz de lo señalado en los artículos 2.4.1.1.1^[2] y 2.4.1.1.2^[3] Ibídem para determinar la injerencia de este sistema protector”.[1] Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:(…) Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y proyectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.[2] Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.[3] Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de qué trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Acto Administrativo- Resolución 3020MED del 31/01/2017 “Por el cual el Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo –GTER Medellín, adscrito al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/2005. MOD. Ley 1592/2012 y REGL. DEC 3011/2013 y DEC 1066/2015 (Parte 4- Título 1, Capítulo 1) del Ministerio del Interior, resuelve NO VINCULAR al radio de acción de este medio protector a la señora MARÍA GEORGINA HENAO SARRAZOLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.208.921, en razón a que no fue posible ubicarla, motivo por el cual no contó con su consentimiento para ser valorada, voluntad que como refiere el artículo 4.1.1.3[1] del Decreto 1066 de 2015, se requiere para establecer a través de un estudio técnico su nivel del riesgo, mismo que a su vez deberá ser analizado a la luz de lo señalado en los artículos 2.4.1.1.1^[2] y 2.4.1.1.2^[3] Ibídem para determinar la injerencia de este sistema protector”.[1] Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:(…) Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y proyectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.[2] Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.[3] Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de qué trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Acto Administrativo- Resolución 3019MED del 31/01/2017 “Por el cual el Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo –GTER Medellín, adscrito al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/2005. MOD. Ley 1592/2012 y REGL. DEC 3011/2013 y DEC 1066/2015 (Parte 4- Título 1, Capítulo 1) del Ministerio del Interior, resuelve NO VINCULAR al radio de acción de este medio protector al señor WILMAR ALBERTO RÍOS VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.581.941, en razón a que no fue posible ubicarlo, motivo por el cual no contó con su consentimiento para ser valorado, voluntad que como refiere el artículo 4.1.1.3[1] del Decreto 1066 de 2015, se requiere para establecer a través de un estudio técnico su nivel del riesgo, mismo que a su vez deberá ser analizado a la luz de lo señalado en los artículos 2.4.1.1.1^[2] y 2.4.1.1.2^[3] Ibídem para determinar la injerencia de este sistema protector”.[1] Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:(…) Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y proyectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.[2] Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.[3] Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de qué trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Acto Administrativo- Resolución 3013MED del 31/01/2017 “Por el cual el Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo –GTER Medellín, adscrito al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/2005. MOD. Ley 1592/2012 y REGL. DEC 3011/2013 y DEC 1066/2015 (Parte 4- Título 1, Capítulo 1) del Ministerio del Interior, resuelve NO VINCULAR al radio de acción de este medio protector al señor IVÁN DE JESÚS POSADA TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.664.012, en razón a que no fue posible ubicarlo, motivo por el cual no contó con su consentimiento para ser valorado, voluntad que como refiere el artículo 4.1.1.3[1] del Decreto 1066 de 2015, se requiere para establecer a través de un estudio técnico su nivel del riesgo, mismo que a su vez deberá ser analizado a la luz de lo señalado en los artículos 2.4.1.1.1^[2] y 2.4.1.1.2^[3] Ibídem para determinar la injerencia de este sistema protector”.[1] Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:(…) Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y proyectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.[2] Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.[3] Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de qué trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Acto Administrativo- Resolución 3009MED del 31/01/2017 “Por el cual el Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo –GTER Medellín, adscrito al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/2005. MOD. Ley 1592/2012 y REGL. DEC 3011/2013 y DEC 1066/2015 (Parte 4- Título 1, Capítulo 1) del Ministerio del Interior, resuelve NO VINCULAR al radio de acción de este medio protector a la señora LUZ MARLENY GRANDA CHAVERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.215.756, en razón a que no fue posible ubicarla, motivo por el cual no contó con su consentimiento para ser valorada, voluntad que como refiere el artículo 4.1.1.3[1] del Decreto 1066 de 2015, se requiere para establecer a través de un estudio técnico su nivel del riesgo, mismo que a su vez deberá ser analizado a la luz de lo señalado en los artículos 2.4.1.1.1^[2] y 2.4.1.1.2^[3] Ibídem para determinar la injerencia de este sistema protector”.[1] Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:(…) Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y proyectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.[2] Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.[3] Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de qué trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Acto Administrativo a notificar: Resolución No. 0045 del 15 de marzo de 2018, “Por medio de la cual se actualiza el Registro Público de Inscripción de Carrera – RPIC- en el sentido de cancelar la inscripción de varios servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.”