Abogada de la Universidad de La Sabana (1982-1986), con una especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia (1989-1990).

En la Rama Judicial se ha desempeñado como Juez de Instrucción Criminal, y oficial mayor de un Juzgado Superior de Bogotá. Cargos desempeñados entre 1987-1989.

Entre 2005 – 2014 ocupó el cargo de magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia donde fue designada para integrar la Unidad Especial de Investigación, creada para adelantar las averiguaciones penales contra Senadores y Representantes a la Cámara, en el marco de la presunta infiltración de organizaciones paramilitares.

También conformó la Unidad de Investigación Especial de Aforados, responsable de judicializar a personas presuntamente implicadas en delitos de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ¡lícito, lavado de activos, contratación pública ilegal, tráfico de influencias, prevaricato, delitos electorales, injuria, calumnia, y delitos contra la vida e integridad personal.

Entre los años 2003 y 2004, como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dirigió investigaciones en las que se tenía indicios sobre el presunto compromiso penal de ministros, gobernadores y miembros de misión diplomática con delitos contra la administración pública y fenómenos de corrupción.

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desempeñó como perita en litigios internacionales; además de ser consultora en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos.

Entre 2014 y 2017 fue Jefe del Departamento de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG-ONU), de la Organización de las Naciones Unidas. En desarrollo de estas acciones presentó ante jueces casos emblemáticos que involucran a más de un centenar de funcionarios y públicos y particulares integrantes de redes criminales político-económicas, así como a los integrantes de estructuras paralelas de lavado de activos.

Entre 2020 y 2021, en el marco de una consultoría para las ‘Fundaciones Forjando Futuros en asocio con Indepaz, Intereclecial de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas y Programa Somos Defensores’, dirigió un equipo interdisciplinario que trabajó en el análisis de los distintos hechos violentos para la identificación de patrones desde la firma del acuerdo de paz Estado-Farc.

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) fue consultora (2021), de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), para la elaboración de un documento guía sobre estándares de debida diligencia en las investigaciones penales adelantadas por los Estados Americanos, por delitos de homicidio cometidos contra periodistas de la región.

En 2023 fue asesora de la Secretaría de Transparencia para la detección de fortalezas y debilidades en los mecanismos de contratación pública en Colombia.

El 22 de marzo de 2024 asume con Fiscal General de la Nación por el periodo 2024-2028.

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