Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 27 Penal de con función de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento —consistente en detención preventiva— en la cárcel Modelo de Bogotá en contra de José Hugo Chaux Cuéllar y su hijo José Hugo Chaux González, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La medida también cobija por esas conductas a Luz Stella González López, quien fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor de esta misma ciudad.

De acuerdo con el material recaudado por la Delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, los integrantes del denominado Clan Chaux habrían lavado dinero entre el 2001 y 2016, para ocultar activos y dineros ilícitos de Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio, cabecilla del frente 16 de las desmovilizadas Farc, producto de extorsiones y secuestros.

La investigación inició en abril de 2011 por información de fuente no formal,  mediante la cual se puso en conocimiento de la Fiscalía que Luz Stella González López colaboraba activamente con las Farc con la compra de bienes inmuebles.

En el proceso se  incorporaron los detalles de la operación Gato Negro realizada el 19 de abril de 2001, tras conocerse que se estaba realizando el intercambio de armamento  por droga entre narcotraficantes brasileños y el extinto cabecilla de las Farc, Negro Acacio, en los departamentos de Vichada, Guaviare y Guainía.

Explicó la Fiscalía que fueron realizados varios allanamientos “en el sitio Capital, sector Los Mangos donde se conoció que un grupo de hombres prestaban seguridad al narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira-Mar o Gaucho extraditado posteriormente a Brasil”.

Sostuvo la delegada del ente acusador que en dicha operación fue capturado el hoy procesado Jose Hugo Cuéllar y otro sujeto identificado como Julio Rodríguez Lomerín mientras prestaban seguridad a los narcotraficantes brasileños. “En el lugar fue incautado dinero, armas de fuego y equipos de comunicación” agregó.

Durante la audiencia pública de solicitud de la medida privativa, el juez advirtió que la Fiscalía cumplió con los requisitos de ley necesarios que sustentan la decisión de restricción de la libertad, al valorar la urgencia, la peligrosidad y la probable obstrucción a la justicia.

Finalmente, el ente acusador sustentó documentos entregados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en los que se constata un acelerado incremento patrimonial de los tres procesados, quienes durante los últimos años intentaron justificarlo como producto de actividades de ganadería, compra y venta de finca raíz y préstamos de dinero.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

 

CMRM/DLBM

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