La Fiscalía General de la Nación judicializó a Emerson Yorlan Contreras Caicedo y Frenyer Daniel Leal Castillo, por su presunta responsabilidad en dos crímenes registrados en distintos sectores de Cúcuta (Norte de Santander) en octubre y noviembre de 2025.
En el primer caso, Contreras Caicedo fue imputado por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
Los hechos investigados ocurrieron el 23 de octubre de 2025, en el barrio El Páramo, donde presuntamente el hoy procesado llegó como pasajero en una motocicleta y disparó en repetidas ocasiones contra una pareja que se encontraban en vía pública.
Como consecuencia del ataque, la mujer falleció en un centro asistencial, mientras que la otra víctima logró recuperarse de las heridas.
De otra parte, Leal Castillo fue judicializado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
De acuerdo con la investigación, el 22 de noviembre de 2025, en un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Victoria, el procesado habría llegado en motocicleta y, presuntamente, disparó contra un hombre que se encontraba en el lugar, causándole la muerte.
Los procesados no aceptaron su responsabilidad en los cargos formulados por la Fiscalía y fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
MPHA/AMCJ/ECDR/EDBCH/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
