Santiago Prada Moriones habría incrementado su patrimonio de manera ilícita en $728.916.538 pesos y movilizado recursos por valor de $1.096.918.629
En una investigación adelantada por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas: la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, fue judicializado Santiago Prada Moriones, presuntamente vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre enero de 2020 y septiembre de 2025, el procesado, habría participado como inversionista de una organización criminal asociada al ‘Clan del Golfo’. En ese periodo, registró movimientos financieros por $1.096.918.629, sin justificación en actividades económicas lícitas.
Asimismo, en 2023 se evidenció un incremento patrimonial injustificado, representado en la adquisición de un bien inmueble en Cerritos (Pereira) por $728.916.538, sin respaldo en su capacidad económica. La investigación permitió establecer su presunta participación en múltiples envíos de cocaína hacia Europa, que en conjunto superan las 12 toneladas de estupefacientes.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Prada Moriones los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
LCHG/JARG/CARG/DECLA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
