Dos hombres más, quienes habrían participado en el crimen ya fueron judicializados.
Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Vida de San Andrés permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en la cárcel Nueva Esperanza a Yorman Berrío Pico, de 21 años.
Los hechos que involucrarían al procesado sucedieron el 23 de octubre de 2025 en el barrio Morrislanding donde varios integrantes de una misma familia fueron atacados por hombres armados.
El día de los hechos el procesado, en compañía de Juan David Cabarcas Pérez y Néstor Daniel Torres Flores, al parecer, dispararon contra la familia que estaba reunida. La agresión provocó heridas a tres personas de 62, 40 y 25 años, respectivamente.
Labores de policía judicial evidenciaron que en el atentado fueron utilizados fusiles de largo alcance, de uso restringido o privativo de las Fuerzas Militares, y una pistola. Se cree que este hecho obedeció a rencillas previas entre las familias, las cuales datan de 2018.
Por esto Berrío Pico fue imputado con delitos de tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no aceptó.
El ahora implicado fue capturado por la Policía Nacional el pasado 16 de abril en Morrislanding, en cumplimiento de una orden judicial.
Por estos mismos hechos Torres Flores, de 24 años, y Cabarcas Pérez, de 36, fueron detenidos el 23 de febrero pasado. Actualmente se encuentran privados de la libertad en establecimientos de reclusión.
MEVA/MAGA/CG/TAM/DSSPS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
