Compañeras sentimentales, exparejas y un adulto mayor, fueron las principales víctimas de agresiones físicas, verbales y psicológicas.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro presuntos implicados en hechos relacionados con maltratos físicos, verbales, psicológicos y hasta amenazas contra varios de sus familiares. El centro y norte del Valle del Cauca son los lugares en que se presentaron los casos en que las víctimas son compañeras sentimentales y un adulto de 63 años.
- Daniel Grajales fue judicializado por, presuntamente haber golpeado en más de 30 oportunidades a su pareja, de 22 años, con un machete. La víctima también habría sido lastimada con cadenas y maniobras de ahorcamiento. Estos hechos ocurrieron en la vereda La Estrella, en El Cairo (Valle del Cauca). El procesado fue capturado el pasado 11 de mayo por el CTI y la Policía Nacional.
- En Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) fue judicializado Jhon Stiven Téllez por, al parecer, agredió a su abuelo, de 63 años. La Fiscalía evidenció que la agresión ocurrió en un acto de intolerancia debido al reclamo hecho por el adulto mayor, quien fue golpeado con un ladrillo. Durante la captura el procesado quiso ocultar un arma hechiza. El ente acusador le imputó los delitos de violencia intrafamiliar y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
- Los otros dos judicializados por violencia intrafamiliar agravada son Robinson Laverde y Jorge Hernán Velasco.
Jueces de control de garantías acogieron las solicitudes de la Fiscalía y decidieron que los investigados deben cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios.
MAP/AICR/DSVC/AMCJ/MAGA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
