Harold Daniel Barragan Ovalle participó en la planeación del atentado mediante cuatro videollamadas.
El preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Harol Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025, fue avalado por un juez penal especializado de Bogotá.
Producto de la negociación judicial esta persona aceptó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. En ese sentido, recibirá una pena de 21 años y 4 meses de prisión.
Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que Barragán Ovalle, a través de cuatro videollamadas, participó en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado. Asimismo, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y ayudado a Elder José Arteaga, alias Chipi, a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades.
De igual manera, quedó en evidencia que este hombre hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.
Por estos hechos, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio; Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes fueron condenados a penas desde los 21 años de prisión.
AMCJ/LCHG/JARG/DJR/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
