La Fiscalía General de la Nación, en casos independientes entre sí, judicializó a ocho personas presuntamente involucradas en el tráfico local de estupefacientes. Los hechos se registraron en los municipios de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal (Valle del Cauca).
Fiscales de la Seccional Valle del Cauca imputaron a los procesados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En cada uno de los hechos las autoridades incautaron sustancias como cocaína, marihuana y tusi.
Uno de los casos ocurrió el pasado 27 de abril en Zarzal donde fueron capturadas, en cumplimiento de una orden judicial Alexander José Idárraga Burgos, Gember Tamayo Palacios, Carlos Andrés Moreno Tapasco, Luis Fernando Varela Maldonado, César Augusto Montaño Hurtado y Luis Ángel Flórez Ramírez.
Estas acciones se cumplieron en desarrollo de diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. En los procedimientos fue incautada cocaína, 9 celulares y 1 millón 800 mil pesos en efectivo.
El pasado 30 de abril fue capturado Jeiner Alexander Mera Rengifo quien se movilizaba como pasajero en un microbús interdepartamental que cumplía la ruta Palmira (Valle del Cauca) – Pereira (Risaralda). La detención se produjo en el peaje de Bugalagrande, luego de que los uniformados encontraran en el equipaje, que pertenecería al procesado, 9 kilos de marihuana.
Finalmente, el pasado 1 de mayo Juan Camilo Mancipe Ocampo fue judicializado en Sevilla (Valle del Cauca) pues, al parecer, comercializaba cocaína y tusi, en una vía pública de dicho municipio.
Por orden judicial todos los procesados deben cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
