Bajo los lineamientos estratégicos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar grupos delincuenciales organizados que atentan contra la seguridad ciudadana, la Seccional Norte de Santander judicializó a dos hombres por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Las capturas en flagrancia de Eivict Ramón Martínez Maizo, alias Tarzán, de 39 años; y de Julio César Márquez Márquez, de 32 años, fueron efectuadas por la Policía Metropolitana mediante una diligencia de registro y allanamiento a una residencia ubicada en el barrio Nuevo, de Cúcuta.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los procesados presuntamente se dedicaban a la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en dicho sector. Además, al parecer, tenían amenazados a los habitantes diciéndoles que ellos eran integrantes de un grupo delincuencial común organizado conocido como La Línea.
En el procedimiento las autoridades les incautaron un revólver marca Smith-Wesson, calibre 38, un cartucho, 100 gramos de marihuana, 20 gramos de bazuco y $69.200.
Un juez con funciones de control de garantías de Los Patios (Norte de Santander) avaló los argumentos de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Los procesados no aceptaron los cargos y fueron enviados a la cárcel Modelo de esta ciudad.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
MPHA/ JWCP/ DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
