En octubre pasado 15 presuntos integrantes del mismo grupo delictivo fueron judicializados y privados de la libertad.
Con la judicialización y privación de la libertad de Verónica Ramírez Rúa y Rubén Alfonso Obando, son 17 las personas judicializadas como presuntas integrantes del grupo delincuencial Los Sayayines, dedicado al tráfico de estupefacientes, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).
Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control garantías envió a la cárcel a la pareja señalada de hacer parte de ‘Los Sayayines’, capturados con orden judicial, el 6 de enero pasado, por personal de la Sijin de la Policía Nacional, en el municipio en mención.
De acuerdo con la investigación, el grupo delictivo al parecer utilizaba menores de edad para la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en inmediaciones del barrio La Inmaculada de Tuluá.
En las audiencias preliminares, el ente acusador formuló imputación de cargos en contra de los hoy investigados por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Por los mismos hechos, en octubre del 2020, fueron judicializadas otras 17 personas que formarían parte del mismo grupo delincuencial, entre ellos 5 menores de edad.
Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia institucional de seguridad ciudadana del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir grupos y personas dedicadas al narcotráfico en nuestro país.
La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.
MAP/MG/SMLR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
