Ante el juez 50 penal municipal de Bogotá, con función de control garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de cuatro personas señaladas como presuntas integrantes del grupo delincuencial Los Megas, por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

En la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de Bogotá y la policía judicial de la Sijín se evidenció que los miembros de esta red delictiva tenían roles específicos para cometer los hurtos contra personas que retiraban altas sumas de dinero en entidades bancarias.

El modus operandi de la banda consistía en que uno de sus miembros marcaba a la víctima en la entidad bancaria y, una vez esta salía del lugar, otros integrantes del grupo la seguían en diferentes vehículos para evitar sospechas. Luego, cuando el objetivo llegaba a su destino, dos o tres personas lo intimidaban con arma de fuego y lo despojaban del dinero retirado.

El material probatorio indicaría que los detenidos presuntamente participaron en varios casos de fleteo entre septiembre y octubre de 2020, cuya cuantía hurtada asciende a casi $200’000.000. 

El procesado y afectado con detención intramuros, detenido mediante orden judicial, fue identificado como Guillermo Pérez Trujillo. Por su parte, Tania Vargas Tovar, Luis Carlos Sánchez Laguna y Jeisson Stiven Martin fueron citados a las diligencias judiciales de imputación, puesto que ya cumplen medida de aseguramiento por otros hechos.

Ninguno aceptó su responsabilidad.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

LMFO/IJAR/DLBM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.