Las dos víctimas, menores de edad, son hermanas de las dos mujeres que están siendo procesadas.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con funciones de control de garantías a dos mujeres y al compañero sentimental de una de estas, quienes habrían explotado sexualmente y sometido a vejámenes a dos menores de edad, de 9 y 13 años.

Los hechos se registraron entre octubre de 2025 y abril de 2026 en la vivienda que compartían los procesados en la vereda Isambrá del municipio de Quinchía en Risaralda. La investigación demostró que las dos mujeres, al parecer, obligaban a una de sus hermanas menor de edad a sostener relaciones íntimas con el hombre, de 56 años; así como con terceras personas.

También serían obligadas a observar los momentos en que las dos procesadas sostendrían encuentros sexuales con el hombre. Asimismo, se cree, eran maltratadas físicamente, dejadas sin comida, encerradas, humilladas y amenazadas de muerte si se negaban a las pretensiones o contaban lo sucedido.

Por esto un fiscal de la Seccional Risaralda imputó a las tres personas por su posible responsabilidad individual en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y, proxenetismo con menor de edad. Todas las conductas agravadas.

Los procesados fueron capturados el pasado 19 de mayo durante una diligencia de registro y allanamiento en Quinchía (Risaralda).  La Comisaría de Familia del municipio y el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) se encargaron de restituir los derechos de las menores.

Por decisión judicial, las tres personas fueron privadas de la libertad en centro carcelario.  Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

 

CLCG/MAGA/GEOM/CEFC/DSR

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.