Los sentenciados participaron en la producción, distribución y comercialización de billetes falsificados de pesos colombianos y moneda extranjera.
Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Maycol Edwar Calvo Monroy, Camilo Andrés Jaraba Meza y Eleazar Jaraba Meza, aceptaron, mediante preacuerdo, su responsabilidad en actividades relacionadas con la producción y comercialización de moneda falsificada como integrante del grupo delincuencial denominado ‘Dinocash’.
Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir.
Las investigaciones adelantadas por una fiscal del Grupo de Moneda Falsa de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitieron establecer que la organización criminal ‘Dinocash’ operó entre abril de 2023 y septiembre de 2025 en los departamentos de Santander y Cundinamarca, dedicada a la producción, almacenamiento, distribución y comercialización de moneda falsificada colombiana y extranjera.
Los elementos materiales probatorios evidenciaron que Maycol Edwar Calvo Monroy coordinaba actividades relacionadas con el diseño, producción, almacenamiento y entrega de los billetes falsificados para su posterior comercialización. Asimismo, los hermanos Camilo Andrés Jaraba Meza y Eleazar Jaraba Meza participaban en la coordinación de las actividades de producción, comercialización y distribución del dinero falso mediante los canales digitales empleados por la organización criminal.
Esta información se publica por razones de interés general.
LCHG/LMR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
