De acuerdo con la investigación el hombre habría ordenado a otros integrantes del grupo denominado Los de la M ejecutar la acción sicarial.
Actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a John Jairo Fernández Pórtala, alias Marihuano, señalado cabecilla del grupo delincuencial Los de la M, por su presunta responsabilidad en ordenar el crimen de dos personas en Barrancabermeja (Santander).
La investigación estableció que este hombre habría impartido órdenes a integrantes del grupo delincuencial que encabezaba para que asesinaran a tres personas. En cumplimiento de esta instrucción el 28 de enero de 2020 en el barrio La Esperanza las víctimas fueron citadas mediante engaños para que supuestamente se unieran a la estructura.
En el momento que los hombres llegaron al lugar fueron atacados con armas de fuego. Producto de la acción sicarial dos personas perdieron la vida y una quedó gravemente herida.
Por lo anterior, un fiscal especializado de la Seccional Santander le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En audiencias concentradas el procesado no aceptó los cargos imputados y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este hombre sería el dinamizador del tráfico local de estupefacientes en Barrancabermeja, además ordenaría homicidios selectivos como parte del control de las rentas ilícitas en esta zona del país. Contra él avanza una investigación por el delito de concierto para delinquir en su calidad de cabecilla.
DRA/AMCJ/ JL/DSS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
