Según la investigación, se habrían concertado desde 2021 para realizar, al parecer, exigencias económicas para ofrecer algunos privilegios a internos de la Cárcel Modelo.
El abundante material probatorio recaudado por la Fiscalía permitió judicializar a seis funcionarios del Inpec quienes, al parecer, ofrecían beneficios especiales a los reclusos de la Cárcel Modelo de Barranquilla a cambio de exigencias económicas.
Dentro de los privilegios a los que los internos habrían tenido acceso fueron celdas, camas, armas de fuego, equipos celulares y visitas por fuera del horario permitido.
El incremento patrimonial económico injustificado por parte de los investigados ascendería aproximadamente a 300 millones de pesos.
Su captura fue materializada por el Gaula de la Policía Nacional el pasado 28 de septiembre, en el mencionado establecimiento de reclusión, en cumplimiento de una orden judicial.
La Fiscalía los imputó por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito de particulares, a los que no se allanaron.
Un juez penal municipal con funciones de control de garantías, avaló el contundente material de prueba aportado por la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento domiciliaria en contra de los capturados.
Los funcionarios implicados son los inspectores Luis Yobany Tovar Ardila, Mauricio Alejandro Acosta Acosta, Octavio Miguel Márquez Segura y los dragoneantes Álvaro Iván Díaz Cañas, Darwin Manuel Fernández Salcedo y Harold Iván Ramos Bastidas. Ninguno aceptó los cargos imputados.
La Fiscalía seguirá priorizando las investigaciones de corrupción de los servidores públicos al interior de los establecimientos penitenciarios.
La Fiscalía habla con resultados.
SKCR/CFG/CA/GAMM/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
