La procesada es señalada de solicitar diferentes montos de dinero a las víctimas para supuestamente agilizar trámites para la adquisición de los bienes.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el presunto actuar ilegal de una mujer señalada de estafar a varios ciudadanos en Antioquia y Valle del Cauca, a través de falsas subastas judiciales de inmuebles.

Se trata de Judith Elbertes Jay Cuervo, quien valiéndose de su calidad de abogada habría simulado tener influencias en entidades públicas y juzgados civiles para hacerles creer a sus víctimas que podría mediar e intervenir con el propósito de favorecerlas en procesos de remates de bienes.

Los elementos materiales probatorios indican que estaría implicada en 12 eventos delictivos, que dejaron 15 personas afectadas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca). En estos casos, al parecer, solicitó consignaciones a sus cuentas bancarias para finiquitar la compra de fincas y viviendas ubicadas en zonas urbanas, gestionar diferentes requisitos como las fichas catastrales y agilizar los trámites en los juzgados.

Sin embargo, después de varios días perdía contacto con los ciudadanos que creían en sus servicios, no devolvía los recursos que le confiaban ni entregaba las propiedades prometidas.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Antioquia presentó a Jay Cuervo ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de estafa agravada.

La procesada aceptó el cargo y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

Por actividades delictivas similares cometidas en el oriente antioqueño, esta mujer ya había sido sentenciada a 42 meses de prisión por un juez de conocimiento en Marinilla (Antioquia).

AMCJ/LCHG/JARG/AMM/DSM/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.