Sería el responsable de pedir hasta 30.000 dólares para gestionar el ingreso ilegal de varios de sus coterráneos a territorio norteamericano.

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), logró la captura con fines de extradición del ciudadano iraní Jafar Tarakory, quien haría parte de una red trasnacional dedicada al tráfico de migrantes.

De acuerdo con la investigación, desde mediados de 2024, habría coordinado el tránsito ilegal de varios de sus compatriotas desde Colombia hacia México y países de Centroamérica, y posterior traslado a Estados Unidos. La gestión irregular iba acompañada de un paquete que ascendía en valor a 30.000 dólares por persona, e incluía transporte, alojamiento, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante el recorrido.

Jafar Tarakory fue localizado en Pereira (Risaralda), en desarrollo de diligencia de registro y allanamiento ordenada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos por tráfico de migrantes y materializadas por la Dijin de la Policía Nacional. Durante el procedimiento se incautaron equipos electrónicos con fines investigativos y probatorios; y dinero en efectivo, cuyo comiso fue solicitado.

El ciudadano extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites para su extradición a Estados Unidos, donde una Corte Distrital del Oeste de Texas lo requiere por cargos relacionados con conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos e introducir extranjeros con fines de lucro.

Esta información se publica por razones de interés general.

LAGP/LCHG/JARG/AMF/DECVDH

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.