Los procesados habrían enviado videos a los familiares de la víctima para exigir 50 millones de pesos por su liberación o atentarían contra su vida.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a tres personas que estarían involucradas en el secuestro de un conductor de plataforma virtual de transporte para robar sus pertenencias y realizar exigencias económicas ilegales a su familia por su liberación.
Se trata de Yeferson José Teherán Miranda, Giovany Antonio Cervantes Finamore y Kevin Andrés Varela Carrillo, a quienes un fiscal de la seccional Cundinamarca les imputó los delitos de secuestro extorsivo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos.
Según la investigación, la víctima de 26 años fue contactado, el pasado 11 de febrero, a través de una plataforma digital para hacer un servicio de transporte, en Bojacá (Cundinamarca). Allí, habría sido retenido, intimidado con un arma de fuego, amarrado y despojado de sus pertenencias, entre ellas, dinero en efectivo y el furgón en el que se desplazaba.
Posteriormente, llevaron al conductor a una zona boscosa y huyeron en el vehículo. La víctima logró escapar y avisó a uniformados de la Policía Nacional, quienes ubicaron el automotor por medio del GPS (localizador satelital) y capturaron a los procesados.
La Fiscalía estableció que los hombres habrían contactado a los familiares de la víctima a través de llamadas y mensajes de texto, que incluían videos del afectado en estado de indefensión, exigiendo 50 millones por su liberación.
ALGO/AMCJ/HHES/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
