El exmandatario habría direccionado un contrato que tenía por objeto la adquisición de elementos para poner en funcionamiento el proyecto orientado mejorar la planificación del servicio de Policía en el departamento. 

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad del exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, en las irregularidades detectadas en el trámite y celebración de un contrato suscrito en diciembre de 2015, que tenía por objeto la adquisición de elementos electrónicos para la creación de un Centro de Información Estratégico Policial Seccional (CIEPS). 

El proyecto, que ascendió en valor a 228 millones de pesos, habría sido direccionado a un único proponente que no cumplía los requerimientos contractuales del proceso ni los requisitos esenciales de ley.  

Posteriormente, durante la fase de ejecución, se estableció que el contratista entregó 8 de los 30 equipos previstos para dotar la sala policial. En su momento, se constató que no reunían las condiciones técnicas y fueron retornados, sin que el proveedor los repusiera y entregara la totalidad de lo acordado.  

De esta manera, el entonces gobernador, al parecer, permitió que el contratista se apropiara de manera indebida de la totalidad de los dineros de la iniciativa. Recursos que provenían del Fondo de Solidaridad Departamental. 

En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Rodríguez Celis los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, en concurso heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Los cargos no fueron aceptados. 

Esta información se publica por razones de interés general. 

LMFO/JARG/SHPC/UFDCSJ. 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.