La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la Seccional Atlántico, permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento privativas de la libertad contra seis presuntos integrantes de Los Arlequines.

Esta banda estaría comercializando marihuana y cocaína al menudeo en el barrio San Pachito de Barranquilla y en el corredor turístico de la ciudad.

La investigación reveló que la venta de estupefacientes les generaba ingresos mensuales de 45 millones de pesos, aproximadamente.

Dos uniformados custodian a Manuel Segundo Ortega Brochero, Mary Luz  Ferrer Mendoza, Juan Diego Ortega Ferrer, Carlos Julio Ortega Ferrer, Luis Antonio Cerpa Gutiérrez y Lizeth Patricia Ferrer Mendoza, presuntos integrantes de Los Arlequines. Todos los procesados están esposados.
Manuel Segundo Ortega Brochero, Mary Luz Ferrer Mendoza, Juan Diego Ortega Ferrer, Carlos Julio Ortega Ferrer, Luis Antonio Cerpa Gutiérrez y Lizeth Patricia Ferrer Mendoza, presuntos integrantes de Los Arlequines, fueron privados de la libertad por presuntamente comercializar estupefacientes.

En diligencias de allanamiento y registro fueron incautadas diferentes cantidades de sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

La Fiscalía imputó a los investigados, según su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Manuel Segundo Ortega Brochero y los hermanos Juan Diego y Carlos Julio Ortega Ferrer, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras que Mary Luz Ferrer Mendoza, Luis Antonio Cerpa Gutiérrez y Lizeth Patricia Ferrer Mendoza deberán cumplir la medida en su lugar de residencia.

La Fiscalía habla con resultados

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.