También sería el responsable del traslado de personal, armamento y dinero entre estructuras criminales que tienen injerencia en el occidente del país.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y en coordinación con unidades del Ejército Nacional, logró la captura de Juan Esteban Durango Pardo, alias El Flaco o Choroto, presunto cabecilla del autodenominado frente 18 de las disidencias de las Farc.
Este hombre tendría a su cargo redes criminales dedicadas al cobro de extorsiones, secuestro de comerciantes, compra y venta de estupefacientes y ejecución de ataques contra la fuerza pública. Asimismo, sería el enlace entre las estructuras que tiene injerencia en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca para facilitar el traslado de armamento, víveres y personal.
Los elementos materiales probatorios indican que habría participado en el reclutamiento de dos menores de edad en Medellín, en 2023. Las víctimas fueron incorporadas al grupo armado ilegal mediante falsos ofrecimientos laborales y amenazas de muerte, y llevadas a una zona campamentaria en Ituango (Antioquia).
Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito. Durango Pardo no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Durante el procedimiento de captura del hoy procesado realizado en Medellín, fueron incautados dos proveedores para pistola, dos cartuchos calibre 9 milímetros, un teléfono celular y 25’900.000 pesos en efectivo.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/LCHG/JARG/GG/DECOC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
