Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de internamiento preventivo en centro especializado a un adolescente de 15 años, presuntamente, responsable del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar agravado.

Según la investigación, adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, el menor habría participado en el homicidio de cinco personas en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Los delitos atribuidos fueron cometidos entre el 12 de agosto y el 6 de septiembre pasado. La Fiscalía trata de establecer si el procesado sería responsable de otras seis muertes violentas ocurridas en la misma población.

El presunto homicida, al parecer, hacía alarde de sus crímenes en las sus redes sociales. Los investigadores determinaron que las muertes selectivas habrían sido ordenadas por el GAO Los del Bajo, y ejecutadas con arma de fuego por el hoy procesado, quien fue aprehendido este 16 de noviembre por servidores de la Policía Nacional.  Al investigado se le incautó un arma de uso privativo de las Fuerzas Militares y no se allanó a los cargos imputados.

Edison Rafael González Ozuna, alias Dover, presunto cabecilla del GAO Los del Bajo tiene medida de aseguramiento intramuros por el punible de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado.

La Fiscalía hace un llamado a las familias y la sociedad en general para rodear a nuestros niños, niñas y adolescentes y evitar que sean reclutados por los grupos armados ilegales.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

LFML/MAGA/AL/DSA.

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.