De otra parte, fue imputado un hombre que albergaba a una canina y a sus cachorros en precarias condiciones.

Un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó ante jueces de control de garantías a dos personas que estarían involucradas en afectaciones a animales silvestres y domésticos en Antioquia.

Fauna silvestre en cautiverio

En una vivienda de Medellín (Antioquia), Santiago Ospina Muñoz mantenía en cautiverio a cinco boas constrictor y a una tortuga matamata, dos especies de la amazonia que habrían sido extraídas de su hábitat y trasladadas en precarias condiciones al inmueble, donde permanecían en un espacio no apto para su conservación.

Los animales fueron recuperados y puestos a disposición de la autoridad ambiental. Entre tanto, Ospina Muñoz fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y tráfico de fauna.

Perros en precarias condiciones

Alexander Aguirre Marulanda sería el responsable de albergar a una canina, llamada ‘Sasha’, y a sus cachorros en una casa de Sabaneta (Antioquia), en mal estado de salud y con dificultades físicas.

El pasado 28 de agosto, autoridades ambientales realizaron una inspección y constataron que los animales presentaban un estado avanzado de desnutrición y otras complicaciones.

En ese sentido, ‘Sasha’ y sus cachorros fueron trasladados a un centro de recuperación integral.  Aguirre Marulanda fue citado a audiencia de imputación, en la que le fue formulado el cargo de maltrato animal.

AMCJ/JARG/JMT/GELMA/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.