Jimmy Alexander Ruiz Vázquez, mientras ejerció en encargo en 2009, habría direccionado la contratación en favor de una corporación sin ánimo de lucro que no cumplía los requerimientos legales.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías, al exgobernador de Vichada, Jimmy Alexander Ruiz Vázquez, como presunto responsable de varias irregularidades detectadas en el proceso de contratación de programas destinados a la atención de la infancia, la adolescencia y las mujeres gestantes del departamento.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exfuncionario el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, el cual no fue aceptado.
Los hechos ilícitos ocurrieron mientras el imputado se desempeñó como gobernador en encargo en 2009. Están relacionados con la celebración de los convenios 102 y 138 de 2009, los cuales superaron en valor los 1.729 millones de pesos y tenían por objeto garantizar el desarrollo de diferentes estrategias orientadas a la atención alimentaria y en salud para niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes de poblaciones vulnerables.
Los elementos de prueba indican que no se realizaron estudios de mercado ni los análisis de conveniencia que permitieran verificar la idoneidad, capacidad técnica y administrativa de las entidades a contratar. Tampoco fueron definidos con claridad las actividades y los objetivos que debían cumplirse en los programas, ni la forma como establecieron los valores de las actividades a contratar.
Ante las diversas irregularidades que se presentaban, el entonces mandatario en encargo habría direccionado la contratación de manera caprichosa para que fuera adjudicada a dos corporaciones sin ánimo de lucro que no cumplían los requisitos esenciales de ley.
JMSV/JARG/UFDCSJ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
