Muerte por envenenamiento
El 26 de mayo de 2021, Luis Alberto Durango le habría lanzado un alimento envenenado a un perro llamado ‘Carpaty’, en Apia (Risaralda).
A ‘Carparty’ le habrían dado un trozo de comida envenenada y posteriormente falleció.
Videos de cámaras de seguridad evidenciaron que el hombre le dio el trozo de comida e inmediatamente empezó a convulsionar. Luego de ser trasladado a un centro veterinario, ‘Carpaty’ murió.
De acuerdo con la investigación realizada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), Durango, supuestamente, atacó al perro porque ladraba mucho. Una situación que habría desencadenado un problema de convivencia con la cuidadora del canino.
En ese sentido, Luis Alberto Durango fue imputado por delito de maltrato animal.
 
Muerte por falta de atención
Por mantener en pésimas condiciones de cuidado y atención a una canina de nombre ‘Luna’, Myriam Patricia Heredia fue imputada por el delito de maltrato animal.
El caso se registró el 17 de noviembre de 2018. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realizó una visita de inspección a una vivienda de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. En el lugar encontraron a ‘Luna’ en condiciones deficientes de nutrición y salud, y con evidentes alteraciones de comportamiento.
El animal fue trasladado a un centro de atención veterinaria, donde le fue detectada una hemorragia interna que no había sido atendida oportunamente. Ante la gravedad de su estado, los especialistas le realizaron la eutanasia.

La Fiscalía habla con resultados

AMCJ/JARG/MCRC/AG/GELMA/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.