Los cambios de comportamiento de la víctima en el colegio fueron la razón para pedir la opinión de expertos en comportamiento y salud.

La denuncia de un centro médico de La Dorada (Caldas) fue determinante para que la Fiscalía General de la Nación judicializara a un hombre de 53 años y una mujer de 54, quienes desde finales de 2023 vendrían sometiendo a múltiples vejámenes sexuales a una menor de 13 años, nieta de la procesada.

Las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que la mujer, al parecer, instrumentalizó a la víctima para que sostuviera relaciones íntimas con el hombre, a cambio de dinero.
 
La Fiscalía determinó que la investigada dispondría de su propia casa para que la menor fuera agredida por el hombre, quien se habría comprometido a cancelar los gastos de arrendamiento del inmueble. En otras oportunidades la joven era llevada por la mujer a la casa del investigado.

Información en poder del ente causador demuestra que varias de las agresiones habrían sido cometidas frente a la mujer; y en otras oportunidades ésta aguardaba a la víctima cerca del sitio donde era abusada.

La menor habría sido amenazada con ser asesinada en caso de que comentara con terceros lo que sucedía.

Por estos hechos el ente acusador les imputó a los procesados los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad; todos agravados de acuerdo a sus responsabilidades penales. Cargos que no fueron aceptados.

 

JLH/MAGA/ACG

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.