También fue imputado un hombre que señalado de atacar con arma blanca a un perro en Bucaramanga.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a dos personas que habrían causado graves afectaciones a animales, en hechos distintos ocurridos en Medellín (Antioquia) y Bucaramanga (Santander).

Animales en malas condiciones

Una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializó a Magnolia de Jesús Álvarez Rojas, como presunta responsable de mantener a 55 perros en precarias condiciones de salud, en una vivienda del barrio San Javier, en Medellín.

El 23 de enero de este año, autoridades ambientales llegaron al inmueble y rescataron a los caninos. Durante la inspección constataron que se encontraban en mal estado físico, y que no recibían la atención y cuidado que requerían. En ese sentido, los trasladaron al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron atención veterinaria. Cinco de los perros no superaron las complicaciones que padecían y murieron; y otros tres quedaron ciegos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a la mujer el delito de maltrato animal agravado.

Canino atacado con arma blanca

El 13 de julio de 2019, en el barrio Villas de Girardot, en Bucaramanga (Santander), Marcelo Stiven Serrano Plata habría atacado a un perro con un arma blanca, causándole una herida en el tórax que desencadenó su muerte.

El señalado agresor fue imputado por el delito de maltrato animal agravado. El cargo no fue aceptado.

 

 

 

 

 

AMC/JARG/JMT/GELMA/MRC/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.