Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía judicializó a 11 presuntos integrantes de grupo delincuencial trasnacional denominado El Tren de Aragua, con presencia en la ciudad de Cúcuta y su zona metropolitana.
El ente acusador les imputó cargos por los delitos de extorsión agravada en concurso con concierto para delinquir agravado.
Este grupo transnacional conformado por ciudadanos venezolanos tuvo su origen al parecer en la cárcel de Tocoron, en el Estado Aragua (Venezuela), y tienen como su centro de actividades ilícitas para la ejecución de homicidios, extorsiones y hurtos entre otros, la frontera colombo-venezolana. Delinquen también en Ecuador, Perú y Chile.
En esta investigación se les atribuye su presunta participación en las extorsiones que vienen siendo víctimas los taxistas que prestan sus servicios en la terminal de transporte de Cúcuta (Norte de Santander) a quienes les cobran de lunes a viernes 20.000 pesos diarios y los fines de semana 50.000 pesos. Exigencias económicas que deben ser canceladas para poder adelantar sus labores diarias.
Igualmente, la Fiscalía evidencio que a las trabajadoras sexuales les hacen el requerimiento de 10.000 pesos diarios.
Los procesados son: Donni Ramón Martínez Borges, Cruz Aníbal Díaz García, Yusmery Josefina Pinto Mujica, Eduardo Díaz Ramírez, Adán José Gómez, José Gregorio Guarengua, Víctor Francisco Goñeneche Villega, Mauricio Ramírez Corredor, Jesús Alberto Balza y José Luis Delgado Peña.
Las capturas por orden judicial fueron adelantadas este 24 de abril por el Gaula de la Policía Nacional en el corregimiento de La Parada (Villa del Rosario).
Los procesados no aceptaron cargos y fueron enviados a la cárcel judicial Modelo de esta ciudad.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/CFG/DATO/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
