Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los ciudadanos extranjeros Brandy Armando Carreño Zabala y Adelaida de los Ángeles Jaimes, presuntos integrantes del grupo armado organizado el Tren de Aragua, que tiene presencia en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander).
A los procesados se les imputaron los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado, y fabricación tráfico o porte de armas de fuego accesorios partes o municiones los cuales no fueron aceptados.
Durante los allanamientos realizados en el operativo de captura, efectuados por servidores del CTI con el apoyo de la Policía Nacional, se encontraron dos armas de fuego, 25 cartuchos, dos computadores, y 70 tarjetas de diferentes entidades bancarias. Las diligencias se adelantaron el 9 de abril en zona urbana de Villa del Rosario (Norte de Santander).
La Fiscalía también investiga si estas personas serían los coordinadores del cobro de extorsiones a comerciantes, en especial a las agencias de viajes, y si habrían participado en otras acciones delictivas.
El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional de origen venezolano que se dedica al tráfico de personas, explotación sexual, extorsión, secuestro y homicidio, entre otros delitos. Según las investigaciones tiene presencia en países como Venezuela, Colombia, Perú y Brasil.
La Fiscalía habla con resultados
DSNS/MPHA/VHGB/FAGH/DT/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
