Cuatro de sus presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. Son señalados de obtener la sustancia ilícita en Caquetá y Huila, y trasladarla a Bogotá donde era dosificada y distribuida.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Giovanny Chalarca Aguirre, Edwin Alberto Gómez Montaña, Samary Rivera Díaz y Daniela González Rivera, presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de controlar la venta de estupefacientes en varios sectores del sur de Bogotá.

Estas personas cumplirían diferentes roles criminales, desde la obtención de las sustancias ilícitas en zonas de producción ilegal en Caquetá y Huila, pasando por el traslado por vía terrestre a Bogotá; hasta la dosificación, preparación y venta al menudeo.

Los elementos de prueba dan cuenta de que los estupefacientes eran distribuidos a domicilio o comercializados en entornos escolares, zonas de comercio y de entretenimiento nocturno, y en parques de las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito.

En ese sentido, las personas que integrarían la estructura delictiva fueron capturados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Batallón de Policía Militar N°13 del Ejército Nacional. En los procedimientos se incautaron diferentes cantidades de marihuana, grameras y teléfonos celulares.

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados.

La Fiscalía habla con resultados.

FAGH/JARG/CL/LML/SB/

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.