En otro hecho, fue judicializado un hombre que habría atacado gravemente a los animales de compañía de su mamá.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) obtuvieron una condena y realizaron una imputación por casos de graves afectaciones a perros y gatos en Cundinamarca y Antioquia.
Condena a dueño de criadero
Guillermo Caro Guerrero, el propietario de un criadero de perros en Guaduas (Cundinamarca), fue sentenciado por mantener en precarias condiciones a varios perros que tenía a su cuidado.
La Fiscalía demostró que, entre marzo de 2019 y febrero de 2021, el hombre omitió su deber de protección y atención de los caninos. En diversas visitas las autoridades constataron que los animales permanecían en situación de hacinamiento y en espacios sucios. Además, padecían de múltiples enfermedades, y tenían garrapatas, pulgas y heridas en diferentes partes del cuerpo.
En febrero de 2021, fueron rescatados 21 perros, 12 de ellos presentaban graves problemas de salud y desnutrición, y uno murió. El hombre aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad y fue condenado a 16 meses de prisión.
Graves agresiones
La Fiscalía imputó a Diego Steven Munera Hoyos el delito de maltrato animal agravado, por presuntamente atacar a un perro llamado ‘Chéster’ y a una gata. El 6 de agosto de 2023, en la vereda Guayabal, en Sopetrán (Antioquia), este hombre habría amenazado a un familiar con arma blanca y agredido al canino, causándole una grave herida en el cuello.
Posteriormente, se lanzó en contra de una gata de la familia y también la lesionó, ocasionándole la muerte.
El señalado agresor actualmente permanece privado de la libertad en establecimiento carcelario, en atención a una condena en su contra por violencia intrafamiliar.
AMCJ/JARG/JMT/GELMA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
