El juez Quinto Penal Municipal de Pasto avaló la imputación de cargos de la Fiscalía contra 5 presuntos integrantes de la banda Los de Margoth, por los delitos de fabricación, tráfico, y porte de estupefacientes, receptación, fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones y destinación ilícita de inmuebles.
El juez dictó medida de aseguramiento en contra de José Efrén Cortés Castillo, Didier Jojoa Botina, Weider Danilo García Mahecha, Daniel Aniceto Agudelo Achicanoy y Milton Andrés Narváez consistente en detención preventiva en lugar de residencia.
Los asegurados fueron detenidos en flagrancia el pasado 20 de abril durante operativos de registro y allanamiento de 5 viviendas por agentes de la Sijin de la Policía Nacional, ubicadas en los barrios Popular, Betania, Santa Fe y San Juan de Los Pastos, mediante orden judicial.
Una fuente humana le informó a la Fiscalía sobre las actividades de un grupo de personas, quienes estarían comprometidas en el almacenamiento y comercialización de estupefacientes en sectores de las comunas 3 y 6 de la capital nariñense, especialmente entornos educativos.
Durante las diligencias judiciales fueron incautados base de cocaína, cartuchos calibre 9 y 38 milímetros, cuatro teléfonos celulares, todos reportados como hurtados, de acuerdo con los datos del IMEI de cada dispositivo móvil y $55.000 producto de la venta de estupefacientes.
Con respecto a Jenny Vanessa Solarte Ruíz, otra de las detenidas e imputada por su presunta responsabilidad en el delito de receptación, el juez ordenó su libertad.
La Fiscalía habla con resultados
JGP/CFG/LVB/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
