Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías, en investigaciones independientes, impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres presuntamente comprometidos en violencia doméstica ocurridos en los municipios de Turbaco y Arjona (Bolívar).

En el hecho fue asegurado un hombre de 34 años quien, al parecer, agredió a su expareja de 27 años, en Turbaco. Consta en el proceso que los maltratos físicos, verbales y sicológicos habrían iniciado en 2020 cuando aún convivían en pareja. Sin embargo, se cree que, posterior a la separación, el procesado habría continuado con ataques y amenazas durante el 2023 y 2025.

Pruebas en poder del ente investigativo establecieron que el supuesto agresor habría incumplido una orden de alejamiento y restricción emitida por una comisaría de familia en favor de la víctima. Por estos hechos, la Policía Nacional capturó al ahora investigado, el pasado 9 de abril en el referido municipio.

En otro proceso fue judicializado un hombre de 42 años quien habría golpeado a su compañera en una vía del barrio Chino, en el corregimiento de Gambote, jurisdicción de Arjona. La agresión ocurrió el pasado 12 de abril y en la misma debió intervenir la Policía Nacional para salvaguardar la integridad de la mujer de 38 años y capturar en flagrancia al supuesto maltratador.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de violencia intrafamiliar agravada y fraude a resolución judicial. Ninguno aceptó los cargos.

 

 

 

MEVA/MAGA/KH/JCV/EGM/DSB

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.