Los bienes, avaluados en más de 7.000 millones de pesos, estarían vinculados a homicidios, extorsiones, narcotráfico y concierto para delinquir en el norte de Valle del Cauca.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta del posible origen ilícito y del uso ilegal de un conjunto de bienes que pertenecerían a integrantes y personas cercanas al grupo delincuencial organizado ‘Rastrojos Nueva Generación’, con injerencia en varios municipios del norte de Valle del Cauca.
Los activos, cuyo valor supera los 7.000 millones de pesos, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con la investigación las propiedades estarían a nombre de terceros, quienes no registran actividad económica ni ingresos formales para justificar la adquisición y sostenimiento del patrimonio.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 38 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes, ubicados en El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua (Valle del Cauca), así como en El Tambo y Buenos Aires (Cauca).
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/JARG/SC/JIC/ALTR/DEED
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
