Luego de avalar el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de los procesados, un juez condenó a más de ocho años de prisión, según su responsabilidad a 5 hombres por los delitos de secuestrado simple atenuado, constreñimiento para delinquir, desplazamiento forzado y extorsión agravada.
Los afectados con la decisión judicial son: Julián David Torres Henao, alias Pingüino; Michel Villada Alzate, alias Bebé; Brayan Alexis Álzate Bedoya, alias Brayan; Andrés Felipe Tilano Borja, alias la Chinga y Keiner Matiz Vásquez, alias Keiner.
Los hechos por los cuales fueron condenados ocurrieron en una vivienda del barrio Enciso, de Medellín (Antioquia), el pasado 3 de enero, cuando la víctima, quien se encontraba en compañía de su esposa, hijos y su nieta de 3 años. Allí fue abordada por Andrés, alias Bebé y Brayan,quienes le manifestaron ser los que cuidaban el barrio y le exigieron $60.000 quincenales para permitirles parquear el vehículo al frente de su vivienda.
Otro de casos sucedió, la madrugada del 12 de enero, cuando los mismos hombres en compañía de alias Pingüino y alias La Chinga, retuvieron al padre de la víctima en su vehículo durante una hora y media aproximadamente. Durante ese tiempo lo amenazaron, interrogaron y le manifestaron que si contaba lo sucedido lo señalaban de ladrón.
Además, le pidieron trabajar con ellos guardando armas de fuego; ante la negativa del hombrele exigieron que abandonara el sector.
El 2 de febrero, los hoy procesados abordaron al hombre y le exigieron 5 millones de pesos, porque su hijo se negó a colaborar con la organización. Ante esta situación y amenazas de muerte, la familia tuvo que salir del barrio.
La Fiscalía habla con resultados
NAMT/MG/OGL/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
