Fueron descubiertos en flagrancia cuando salían de una finca ubicada en zona rural de Valle de San Juan con dinero efectivo, joyas y otros elementos de valor.
Por los delitos de secuestro simple agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones agravado, la Fiscalía abrió una investigación en contra de cinco presuntos integrantes de un grupo de delincuencia común organizado dedicado al parecer al hurto de fincas bajo la modalidad de atraco a mano armada.
Estas personas fueron detenidas a mediados de esta semana en flagrancia cuando uniformados de la Policía Nacional lograron su captura en medio de una persecución siendo atacados por los sospechosos y en medio del cruce de disparos fueron reducidos y capturados en la vereda Cabuyal del municipio tolimense de Valle de San Juan.
Los detenidos quienes fueron privados de la libertad en centro carcelario como medida preventiva son: Erik Jonathan Ulacio Tovar, Cristyan Saivan Laguna Sánchez, Cristian Camilo Huertas Mejía, Alcibides Tole Torres y Germán González Devia.
Elementos materiales probatorios indican que los procesados habrían estado hurtando en una finca ubicada en la vereda Hijos del Valle. Allí amordazarían y agrederían física y verbalmente a sus residentes y se llevarían alrededor de $12.000.000, dos armas de fuego, relojes y otros elementos de valor.
Ninguno de los indiciados aceptó los cargos imputados por la delegada fiscal adscrita a un despacho de Rovira, Tolima.
Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía habla con resultados
PAAM/LYBT/NEPC/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
