La Fiscalía estableció que estas personas habrían lavado más de 1.400 millones de pesos que corresponderían a dineros obtenidos de actividades ilícitas.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco mujeres, entre familiares y personas de confianza del extraditado narcotraficante Elkin Javier López Torres, alias La Silla, como presuntas responsables de lavar millonarias sumas de dinero producto del tráfico trasnacional de estupefacientes.
Se trata de Emilse Milena Maestre Barros, Esperanza Isabel López Torres, Sindi Paola Maestre Barros, Milena Karina Pérez Tejeda y Ligia Amparo Muñoz Piedrahita.
Los elementos de prueba indican que, entre 2011 y 2020, habrían prestado sus nombres para invertir o adquirir bienes con recursos ilícitos. De esta manera, al parecer, contribuyeron a ocultar el origen de algo más de 1.400 millones de pesos e incrementaron de manera injustificada sus patrimonios.
Las cinco mujeres fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos las presentó ante un juez de control de garantías de Valledupar y les imputó los delitos de lavado de activos y testaferrato. Dos de las procesadas aceptaron los cargos en su contra. Todas deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Elkin Javier López Torres, alias La Silla, fue capturado en 2020 y extraditado en 2021 a Estados Unidos, en atención a una solicitud de una Corte del Distrito Este del Estado de Texas que lo requiere por distintas conductas relacionadas con narcotráfico.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/LPDS/LABF/DECLA/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
