En su condición de intendente, al parecer, contactó a un finquero, y mediante engaños, lo retuvo y entregó a alias Mono Clinton, uno de los coordinadores del denominado Frente de Guerra Urbano de la organización armada ilegal. 

Por petición de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Abelardo Romero Hernández, un intendente en retiro de la Policía Nacional señalado de identificar y llevarle víctimas de secuestro extorsivo a cabecillas del ELN.

El hoy procesado habría contactado a un finquero en Copacabana (Antioquia) y, con el supuesto de que le ofrecería un bien para arrendar un fin de semana, lo hizo salir a la puerta de su lugar de residencia. En ese momento, portando el uniforme oficial, presuntamente, le mostró una orden de captura falsa y se lo llevó en un carro en contra de su voluntad para entregárselo a Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton, entonces integrante del Estado Mayor y coordinador del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN.

La víctima permaneció 17 meses encerrada en un pozo séptico, en zona rural de Caldas (Antioquia). Por su liberación la organización armada ilegal exigió en su momento 2.800 millones de pesos. Este evento ocurrió en 2015, cuando el entonces intendente estaba adscrito a la policía de vigilancia y cumplía funciones de recuperación del espacio público en Medellín. 

En ese sentido, la Fiscalía le imputó a Romero Hernández el delito de secuestro extorsivo agravado. El cargo no fue aceptado. 

Por este tipo de retenciones ilícitas del ELN, ocurridas en Antioquia y Bogotá con la posible complicidad de la fuerza pública, alias Mono Clinton fue condenado recientemente a 40 años de prisión. 

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

JARG/CASN/DECOC/MCRC. 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.