Durante la diligencia al detenido le fueron incautados 50 millones de pesos que harían parte del dinero solicitado a la víctima.
El juez será imputado por el delito de concusión.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Gaula Militar, capturaron en Bucaramanga (Santander) a un juez especializado de extinción del derecho de dominio del circuito de Cúcuta, presuntamente implicado en actos de corrupción.
La investigación, adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, cuenta con material probatorio suficiente para evidenciar que el funcionario judicial habría aprovechado su cargo para solicitar a un abogado el pago de 600 millones de pesos para emitir un fallo favorable en un proceso de extinción del derecho de dominio.
El juez hoy capturado, al parecer, le solicitó al abogado que retirara una apelación presentada y nuevamente radicara la petición de levantamiento de la medida cautelar. En ese momento, él de acuerdo a sus competencias y acorde a sus funciones, entregaría un fallo en favor del cliente del abogado.
Durante la diligencia al detenido le fueron incautados 50 millones de pesos que harían parte del dinero solicitado a la víctima.
En las próximas horas el capturado será presentado ante un juzgado con función de control de garantías para las audiencias correspondientes. La Fiscalía lo imputará como posible responsable del delito de concusión.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/MAGA/EAC/DECC/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.