Los detenidos transportaban en un maletín 73 millones de pesos, cuya procedencia no pudieron explicar. 

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hernando Díaz Acero, Diego Alexander Sepúlveda Mena, Carlos Enrique Mora Sanabria y Andrés Felipe Tacuma Polanía, como presuntos responsables del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. 

Los procesados fueron capturados en flagrancia en un puesto de control ubicado en el sector ‘La Y’, en jurisdicción de Hato Corozal (Casanare), cuando se movilizaban en una camioneta de alta gama. Durante el registro del vehículo, las autoridades hallaron 73 millones de pesos en efectivo ocultos en un maletín. 

En el procedimiento también fueron incautados teléfonos celulares, una pistola traumática con proveedores y cartuchos, así como pasamontañas, cordones y cinta adhesiva. 

De acuerdo con la investigación, la suma de dinero resulta desproporcionada frente a la capacidad económica de los implicados, quienes no registran ingresos que permitan justificar su tenencia. 

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, imputó a los procesados el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Los imputados no aceptaron los cargos.  

Las labores investigativas continúan, en la medida en que los procesados estarían vinculados con el homicidio de un ganadero de la región, ocurrido tras el hurto de 100 millones de pesos que la víctima habría retirado de una entidad bancaria para el pago de un negocio. 

Elementos materiales probatorios y testimonios ubicarían a los implicados en la zona de los hechos. 

LCHG/MYCO/DECLA 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.