Un fiscal especializado imputó a seis presuntos integrantes de la facción Los Espartanos como presuntos coautores de los delitos de desplazamiento forzado en concurso con concierto para delinquir.
El ente investigador encontró a Jaime Cortés Reyes, alias James, Jhan Carlos Marquinez Espinosa, alias Butifarra, Víctor Daniel Caicedo, alias Pichulín, José Estiven Franco Segura, alias Chucky, y Édison Delgado Valencia, alias Intestino, como presuntos autores del desplazamiento de varias familias con niños el 25 de mayo de 2023 en las comunas 7 y 8 de Buenaventura.
Según la investigación, cinco de los seis hombres, quienes pertenecían a la facción Los Shotas, decidieron, al parecer, hacer una alianza con Jaime Cortés, alias James, cabecilla de Los Espartanos en esas comunas, y decidieron realizar labores de control territorial, la comisión de homicidios, desapariciones forzadas, hurtos en el mar y extorsiones al comercio organizado.
Las actividades criminales se concentraron en los barrios Bellavista, Pampalinda, Eucarístico y Olímpico, donde además forzaron el desplazamiento de familias para expropiar sus viviendas y convertirlas en centros de almacenamiento de armas, explosivos y estupefacientes.
Los seis hombres fueron detenidos por integrantes de la Policía Nacional durante operativos realizados en varios sectores del puerto, siendo trasladados a Buga (Valle del Cauca), donde se realizaron las audiencias concentradas.
Un juez penal con control de garantías de Buga (Valle) avaló la imputación de cargos y formuló medida de aseguramiento contra los 6 presuntos Espartanos consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
JGPV/FAGH/JPGG/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
