La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres por su presunta responsabilidad en el porte ilegal de armas de fuego en, hechos distintos, ocurridos zona metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander).

Inicialmente fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento José Estiven Lindarte Tarazona. Durante el operativo adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, le encontraron un arma de fuego, cartuchos, varias dosis de marihuana y cocaína, que serían de su propiedad.

Por estos hechos, Lindarte Tarazona fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De otra parte, en labores de control y registro adelantadas por la Policía Nacional en Villa del Rosario (Norte de Santander), fue requerido Diego Armando Ortiz Acevedo, quien portaba una pistola calibre 9 mm, un proveedor y munición para la misma.

Al momento de la captura el procesado se identificó con cédula venezolana, con el propósito de no ser identificado como ciudadano colombiano, ya que era requerido por las autoridades por una condena en su contra por el delito de homicidio.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargo que no aceptó.

Jueces de control de garantías les impusieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad en establecimientos carcelarios.

MPHA/AMCJ/EDBC/DSNS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.