17 inmuebles que habrían sido adquiridos con dineros producto de las actividades ilícitas fueron afectados.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 17 bienes que estarían vinculados a Néstor Mosquera Arboleda, alias El Gordo, uno de los señalados máximos articuladores de la explotación ilegal de minerales en la región del Medio Atrato (Chocó) y al que se le atribuye el pago de dádivas a funcionarios de la fuerza pública para que encubrieran su actuar delictivo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, las ganancias producto de la obtención de oro, mediante el uso de maquinaria pesada, el vertimiento de sustancias tóxicas a las fuentes hídricas y la contaminación de los recursos naturales, presuntamente fueron destinadas para comprar inmuebles en los barrios Jardín, Obrero, La Cascorba y Suba, en Quibdó (Chocó).
Los predios adquiridos, que superan los 1.800 millones de pesos, habrían sido puestos a nombre de familiares y personas cercanas a Mosquera Arboleda. El proceso de verificación financiera y contable permitió establecer la trazabilidad de los dineros comprometidos y su posterior conversión en activos inmobiliarios para darles apariencia de legalidad.
Las medidas cautelares con fines de extinción de dominio fueron materializadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/JARG/JIC/ALTR/DEED
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
