El fortalecimiento de las capacidades investigativas para la atención del delito de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos es un objetivo definido en el marco de la Estrategia de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación. La investigación de este delito representa un auténtico desafío para el equipo de trabajo de la Institución.  

Dentro de la Entidad se creó el Grupo de Trabajo Nacional para la priorización, apoyo y respuesta inmediata a la investigación de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos u otras poblaciones específicas.  

Este grupo fue creado por medio de la Resolución 0775 de 2021 que establece un mecanismo de articulación entre el Grupo de Trabajo Nacional y los fiscales destacados en las Direcciones Seccionales para la atención de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. Con el objeto de lograr una mejor articulación interna, la Resolución define funciones precisas para los fiscales del Grupo de Trabajo, para el Coordinador del Grupo, para los fiscales encargados de conocer amenazas en las Direcciones Territoriales y para los Directores Seccionales. 

La Estrategia se formuló con base en desafíos identificados para la recepción de denuncias, la realización oportuna de los actos urgentes y la ausencia de análisis investigativos contextuales, por lo cual se implementaron las siguientes medidas:

  1. El Grupo de Trabajo está conformado por despachos especializados adscritos a la Dirección Nacional Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que se articulan con las Direcciones Seccionales de la Fiscalía. Este grupo de trabajo tiene como objetivos, entre otros:
      • Impulsar procesos de amenazas contra personas defensoras de derechos aen su carga de trabajo casos de amenazas.
      • Investigar de manera analítica y estratégica los casos de amenazas, de modo que se puedan identificar relaciones entre los distintos casos y entender los contextos en los que se enmarcan.
      • Fortalecer la capacidad institucional a través del apoyo a la investigación de amenazas que se adelantan en las direcciones seccionales con el fin de responder de manera adecuada, eficaz y oportuna a los casos que se presenten por este delito.
  2. Se crearon mecanismos para la recepción de amenazas contra defensores de derechos humanos que funcionan las 24 horas del día: línea de atención 3506011181, centro de contacto 122 y el correo electrónico recepción.amenazas@fiscalia.gov.co.
  3. Igualmente, la Fiscalía incidió en la creación del tipo penal específico de amenazas contra defensores de derechos humanos, regulado en el artículo 188E del Código Penal, Ley 1908 de Julio de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”. De esta manera, se creó un delito específico para sancionar a quienes amenacen a las personas defensoras de derechos humanos, incluidos los líderes sindicales, con una pena prevista de setenta y dos (72) a ciento veintiocho (128) meses de prisión y multa de diecisiete punto setenta y siete (17.77) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  4. Se inició un trabajo de formación y capacitación en metodologías específicas de investigación del delito de amenazas, a los fiscales, investigadores y analistas de todo el país que están a cargo de la investigación y judicialización de este delito, con el apoyo de la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación. 
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