También estarían involucrados en la instrumentalización de menores de edad para realizar acciones criminales en el sur de Bolívar.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a Jhon Fredys Tangarife Rodríguez, Yurleidis Aguas Pérez, José Hermes Chávez Ríos y Jhon Estiven González Graciano, presuntos integrantes del ELN que habrían participado en el homicidio del teniente de la Policía Nacional Jorge Humberto Muñoz Gómez, el pasado 14 de noviembre en el sur de Bolívar.
Durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en zona rural de San Pablo (Bolívar), se presentó un enfrentamiento armado entre unidades de la Policía Nacional y una estructura del denominado frente de guerra ‘Darío de Jesús Ramírez Castro’.
En medio del intercambio de disparos murió el oficial y otros tres uniformados resultaron heridos. De igual manera fueron capturados los hoy procesados y recuperados tres menores de edad que quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, rebelión; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos agravado; y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Los cargos no fueron aceptados.
Las investigaciones dan cuenta de que el frente ‘Darío de Jesús Ramírez Castro’ sería el responsable de controlar la salida y el tránsito de cargamentos de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas en la región.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/GGG/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.