Un juzgado del circuito especializado de Pereira (Risaralda) dictó sentido de fallo condenatorio contra Manuel Guillermo Ovalle Angarita, por la comisión del delito de enriquecimiento Ilícito de particulares, relacionado con irregularidades presentadas durante la contratación de obras de cara los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales, que se iban a celebrar en Ibagué (Tolima) en el año 2015. 

Un fiscal especializado de Ibagué logró que el ingeniero Ovalle Angarita fuera hallado responsable por los hechos ocurridos entre los años 2013 y 2014, época en la cual su patrimonio tuvo un incremento injustificado de 100 millones de pesos producto de las dádivas recibidas de parte de Wilmer Manchola Cano, también procesado por este caso.  

El contrato por el que está siendo judicializado Ovalle Angarita está relacionado con la realización de los estudios y diseños para la construcción, adecuación, remodelación de los escenarios del parque deportivo y de las instalaciones de la unidad deportiva de la 42 de Ibagué, donde se iban a celebrar las justas deportivas en mención. La adjudicación de dicho contrato a la empresa Typsa, les habría reportado el pago de dádivas.

Fue así como Manchola recibió la suma de 573 millones de pesos, 100 millones de pesos de los cuales le fueron entregados a Ovalle Angarita como contraprestación por su gestión de acercamiento con uno de los asesores de la Alcaldía de Ibagué; se trata de Orlando Arciniegas, ya condenado por este caso.

La audiencia de lectura de la sentencia se celebrará el 20 de mayo de 2021 a las 2:00 de la tarde. 

Estos resultados hacen parte del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que priorizó la investigación y judicialización de casos de corrupción y los demás delitos contra la administración pública. 

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.  

 

PAAM/MAGA/CMC

 

 La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.