Desde 2016 se consultó al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) si de acuerdo con las características que se determinan para concretar un “trámite” y las características de los servicios que presta la Fiscalía General de la Nación, la entidad contaba con trámites en la gestión de sus usuarios. Al respecto el DAFP señaló:
“La Fiscalía por ser una entidad de orden Nacional y Rama Judicial y no ejecuta o ejerce funciones administrativas de cara al ciudadano, no poseen procesos que sean objeto de registro en la herramienta tecnológica de apoyo a la política de racionalización de trámites – SUIT, esto hace que la entidad en ese sentido no tenga que realizar el segundo componente (Estrategia Anti-trámites) del plan anticorrupción y atención al ciudadano dado por la ley 1474 de 2011”.
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