Un fiscal de la Seccional Boyacá judicializó en las últimas horas a dos personas que, en hechos independientes, habrían extorsionado a dos residentes de Tunja.
El primer caso está relacionado con Jhon Miller Martínez Grisales capturado por CTI GAULA Boyacá con el apoyo de su componente Militar en Ibagué (Tolima). En las audiencias concentradas se conoció que en junio de 2015 el procesado contactó a una residente de Tunja (Boyacá) y haciéndose pasar por un familiar suyo, hizo que la víctima le consignara 700 mil pesos para ayudarlo a salir de un supuesto problema por un presunto accidente en el que estaba implicado.
En el segundo operativo, esta vez desplegado en Palmira (Valle del Cauca) por el CTI Gaula Boyacá, con apoyo del componente Militar, permitió la captura de Juliana Andrea Navas Herrera, quien en enero de 2014 habría engañado a una mujer de la tercera edad, residente en Tunja, para que le consignara 500 mil pesos.
La víctima fue contactada por teléfono, y en nombre de un supuesto sobrino, la procesada le exigió el pago de la referida suma. Con esto, presuntamente, ayudaría a que el supuesto familiar no fuera procesado por un accidente de tránsito que -hizo creer- comprometía la vida de una menor de edad.
En las audiencias respectivas, tanto Martínez Grisales como Navas Herrera aceptaron su responsabilidad en los delitos de extorsión que les imputó la Fiscalía y reconocieron haber retirado de empresas de giros las sumas mencionadas. Los procesados quedaron a la espera de que un juez de conocimiento dicte sentencia condenatoria en su contra.
Con estas judicializaciones la Seccional Boyacá continúa procesando a quienes, presuntamente, han cometido delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.
La Fiscalía habla con resultados
MRB/MAGA/MC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
