Un juez de control de garantías de Neiva impuso medida de aseguramiento carcelaria contra Jaiber Stiven Velasco Artunduaga, alias Tito Loco, presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no fueron aceptados por el implicado.

Labores investigativas señalan al capturado como quien, junto con otras personas, habría llegado a la residencia de un hombre de 34 años de edad a quien atacó con varios disparos de arma de fuego y con un arma cortopunzante. Producto de las heridas la víctima falleció.
Los hechos se registraron en el asentamiento Villa Colombia de Neiva (Huila) el 20 de septiembre del 2020, por presuntos problemas de índole territorial entre grupos de delincuencia común.
Velasco Artunduaga, de 20 años de edad, registra anotaciones judiciales, por homicidio, porte ilegal de armas, lesiones personales y por daño en bien ajeno. Estos delitos habrían sido cometidos en la comuna 9 de Neiva.
El imputado fue capturado el 2 de marzo pasado en vía pública del barrio San Juan Bosco del corregimiento de Fortalecillas en Neiva (Huila) por servidores del CTI del grupo de homicidio de Neiva en conjunto con uniformados de la Sijín, quienes además estuvieron apoyados por Sipol y Gaula del Ejército.
Este acción se da en cumplimiento del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es una prioridad investigar los delitos contra la vida y la seguridad ciudadana.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/AMCA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.





